Por José Luis Castillejos. Enviado
Santa Cruz, 16 Sep (Notimex).- La opositora Federación Unica de Trabajadores Campesinos de Tarija advirtió hoy que es inminente una guerra civil en Bolivia, y apuntó que la detención del prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, sólo agravará la crisis.
El secretario de la central, que mantiene en estado de alerta a miles de campesinos bolivianos, Ramiro Alvarez Salinas, señaló en entrevista con Notimex que los labriegos están alerta "y con las armas disponibles para lo que se ofrezca".
"El temor de todos los que viven en las zonas autonómicas es que se les restrinja sus derechos, que se les quite los beneficios económicos a sus departamentos y, si ello ocurre y hay presencia militar, es inminente que se desate la guerra civil", subrayó.
"El gobierno del presidente Evo Morales ha militarizado el departamento de Pando (norte), decretó estado de sitio para frenar la violencia y detuvo al prefecto (gobernador) Leopoldo Fernández. En ese escenario, se empieza a agravar la situación", acotó.
La tensión política en Tarija se redujo en las últimas horas, pero persisten las versiones que los campesinos tienen armas y dinamita para repeler un eventual ingreso de los militares a la ciudad si se extiende a este departamento el estado de sitio vigente en Pando.
La Federación Unica de Trabajadores Campesinos del sureño departamento de Tarija promueve desde hace varios días los bloqueos carreteros en la frontera con Argentina para presionar al gobierno del presidente Evo Morales.
El dirigente advirtió que si en las próximas horas no se concreta un acuerdo que siente las bases para un proceso de pacificación y reconciliación nacional, "este asunto se agravará y habrá más desbordes sociales" en esta nación altiplánica.
Explicó que la "relativa tregua" que existe en este momento con el gobierno podría finalizar "con un llamado de los dirigentes para que se muevan las masas y salgan a protestar, en caso que (el presidente) Evo Morales decida tomar medidas represivas contra la oposición".
Alvarez Salinas señaló que mientras en las ciudades hay una aparente calma, en las zonas periféricas y comunidades rurales los campesinos bolivianos están alertas respecto de lo que pueda ocurrir en el país en las próximas horas.
"No es que deseemos una guerra civil entre los bolivianos, pero si prima la terquedad del gobierno y decide abortar el diálogo, las cosas tomarán otro matiz porque las regiones exigirán que se respeten sus autonomías", alertó.
El asesor general de la Prefectura de Tarija, Adriano Oliva, dijo por su parte que los bolivianos ansían que se concrete una solución y que ésta sea acompañada por la Iglesia católica, la Organización de Estados Americanos o Naciones Unidas, aparte de la Unasur.
Oliva señaló que "estamos acudiendo ante una de las últimas oportunidades para un acuerdo duradero y negociado que pueda expresar los intereses de ambas partes. Este esfuerzo es propiciado por el prefecto (gobernador) de Tarija, Mario Cossío".
Este último, a nombre de las autoridades locales de Beni, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, opositoras a Morales, negocia con el vicepresidente boliviano Alvaro García Linera una salida pacífica a la gravedad del conflicto por el que atraviesa este país.
Los habitantes de esas regiones siguen movilizadas mientras el luto se apoderó de Pando, donde murieron entre el jueves y viernes pasados un total de 15 personas, según los conteos más recientes.
Los departamentos opositores, que han proclamado su autonomía de manera unilateral, exigen que el gobierno de Morales entregue 270 millones de dólares del impuesto a los hidrocarburos, que la administración destina a pagos a personas de edad avanzada.
"Si Morales persiste en defender los derechos de su socialismo y nacionalización de los recursos naturales generará un proceso dialéctico en el que conflicto será él", añadió el funcionario de la Prefectura de Tarija.
En La Paz, representantes del Ejecutivo y de los prefectos opositores sostienen reuniones privadas encaminadas a negociar una salida que ponga fin a los bloqueos, toma de instituciones y acusaciones.
Santa Cruz, 16 Sep (Notimex).- La opositora Federación Unica de Trabajadores Campesinos de Tarija advirtió hoy que es inminente una guerra civil en Bolivia, y apuntó que la detención del prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, sólo agravará la crisis.
El secretario de la central, que mantiene en estado de alerta a miles de campesinos bolivianos, Ramiro Alvarez Salinas, señaló en entrevista con Notimex que los labriegos están alerta "y con las armas disponibles para lo que se ofrezca".
"El temor de todos los que viven en las zonas autonómicas es que se les restrinja sus derechos, que se les quite los beneficios económicos a sus departamentos y, si ello ocurre y hay presencia militar, es inminente que se desate la guerra civil", subrayó.
"El gobierno del presidente Evo Morales ha militarizado el departamento de Pando (norte), decretó estado de sitio para frenar la violencia y detuvo al prefecto (gobernador) Leopoldo Fernández. En ese escenario, se empieza a agravar la situación", acotó.
La tensión política en Tarija se redujo en las últimas horas, pero persisten las versiones que los campesinos tienen armas y dinamita para repeler un eventual ingreso de los militares a la ciudad si se extiende a este departamento el estado de sitio vigente en Pando.
La Federación Unica de Trabajadores Campesinos del sureño departamento de Tarija promueve desde hace varios días los bloqueos carreteros en la frontera con Argentina para presionar al gobierno del presidente Evo Morales.
El dirigente advirtió que si en las próximas horas no se concreta un acuerdo que siente las bases para un proceso de pacificación y reconciliación nacional, "este asunto se agravará y habrá más desbordes sociales" en esta nación altiplánica.
Explicó que la "relativa tregua" que existe en este momento con el gobierno podría finalizar "con un llamado de los dirigentes para que se muevan las masas y salgan a protestar, en caso que (el presidente) Evo Morales decida tomar medidas represivas contra la oposición".
Alvarez Salinas señaló que mientras en las ciudades hay una aparente calma, en las zonas periféricas y comunidades rurales los campesinos bolivianos están alertas respecto de lo que pueda ocurrir en el país en las próximas horas.
"No es que deseemos una guerra civil entre los bolivianos, pero si prima la terquedad del gobierno y decide abortar el diálogo, las cosas tomarán otro matiz porque las regiones exigirán que se respeten sus autonomías", alertó.
El asesor general de la Prefectura de Tarija, Adriano Oliva, dijo por su parte que los bolivianos ansían que se concrete una solución y que ésta sea acompañada por la Iglesia católica, la Organización de Estados Americanos o Naciones Unidas, aparte de la Unasur.
Oliva señaló que "estamos acudiendo ante una de las últimas oportunidades para un acuerdo duradero y negociado que pueda expresar los intereses de ambas partes. Este esfuerzo es propiciado por el prefecto (gobernador) de Tarija, Mario Cossío".
Este último, a nombre de las autoridades locales de Beni, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, opositoras a Morales, negocia con el vicepresidente boliviano Alvaro García Linera una salida pacífica a la gravedad del conflicto por el que atraviesa este país.
Los habitantes de esas regiones siguen movilizadas mientras el luto se apoderó de Pando, donde murieron entre el jueves y viernes pasados un total de 15 personas, según los conteos más recientes.
Los departamentos opositores, que han proclamado su autonomía de manera unilateral, exigen que el gobierno de Morales entregue 270 millones de dólares del impuesto a los hidrocarburos, que la administración destina a pagos a personas de edad avanzada.
"Si Morales persiste en defender los derechos de su socialismo y nacionalización de los recursos naturales generará un proceso dialéctico en el que conflicto será él", añadió el funcionario de la Prefectura de Tarija.
En La Paz, representantes del Ejecutivo y de los prefectos opositores sostienen reuniones privadas encaminadas a negociar una salida que ponga fin a los bloqueos, toma de instituciones y acusaciones.
